Por Sue Smith
María* tiene que tomar una decisión difícil, una que podría ser una cuestión de vida o muerte para ella. ¿Regresa a su país natal, Honduras, o se queda en Estados Unidos con sus tres hijos y se arriesga a morir?
Puede que suene un poco exagerado, pero, a juzgar por los informes de los agentes de inmigración de su comunidad, su miedo es real.
«¡Hay agentes y vehículos del ICE aparcados en el aparcamiento de la entrada de Costco!»
«Los agentes de ICE que están en Walmart van completamente uniformados y, al parecer, están buscando a alguien».
«Mi amiga tiene la tarjeta de residencia y conoce sus derechos, pero unos agentes la pararon cuando iba caminando por la calle y le pidieron que les mostrara su identificación. ¡Se quedó aterrorizada!»
«Los agentes de ICE iban en una furgoneta blanca y, cuando abrieron las puertas, ya había una mujer y un niño pequeño dentro».
Al sumar estos informes a las noticias reales sobre titulares de la tarjeta verde y ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos y deportados por error, María teme que la detención le cueste la vida.
A María, de unos cuarenta años, le diagnosticaron diabetes tipo 1 poco después de llegar a Estados Unidos procedente de Honduras. Al ser migrante, tuvo que hacer frente a importantes dificultades para desenvolverse en el sistema sanitario, concretamente debido al idioma, a su situación migratoria y a la falta de seguro médico.
«Fue abrumador. Estaba enferma, sola y tuve que cambiar por completo mi estilo de vida para adaptarme a mi diagnóstico», afirma.
Conocí a María hace más de quince años, poco después de que le diagnosticaran la enfermedad. Empecé a acompañarla a las citas en la clínica de diabetes de un importante hospital universitario situado a más de 130 kilómetros de distancia. Era el único lugar donde podía recibir ayuda para sufragar el coste de la insulina y la atención médica habitual.
Aprovechamos el tiempo en el coche para hablar sobre el tratamiento, la dieta, la nutrición y los cambios en el estilo de vida que eran necesarios. Se compró libros de cocina en español y aprendió a controlar su dieta. Aprendió a medirse regularmente los niveles de azúcar en sangre y a ajustar sus inyecciones de insulina.
Incluso hablamos de sus derechos cuando su jefe amenazó con despedirla y no le permitía tomarse los descansos necesarios mientras aprendía a controlar su nivel de azúcar en sangre y a ponerse las inyecciones de insulina.
Hoy en día, María suele ayudar a otras personas hispanohablantes de su comunidad a aprender más sobre cómo vivir con diabetes. Imparte formación y ofrece consejos prácticos basados en su propia experiencia con la diabetes.
Y ahora tiene miedo de salir de casa. «Solo salgo para ir al trabajo o a citas médicas, ya sea para mí o para mis hijos, y les pido a mis amigos que nos traigan la compra». Se ve a agentes del ICE con frecuencia en su barrio, y teme que la paren y le pidan los papeles. Tiene miedo de que un día llamen a la puerta de la casa que ella y sus tres hijos comparten con una amiga, y la detengan.
«Están empezando por las personas que tienen órdenes de expulsión», dice, y ella recibió una orden de expulsión cuando no regresó de Virginia a Texas para asistir a una vista. «Era joven, acababa de llegar a Estados Unidos y no conocía a nadie. Por aquel entonces, ni siquiera sabía muy bien dónde estaba Texas. No tenía forma de llegar allí desde Virginia y no sabía qué hacer».
Ese único error ha vuelto para atormentarla. No puede arreglarlo.
Esto nos llevó a hablar recientemente sobre lo que le podría pasar si la pararan y la interrogaran. Con la orden de expulsión en su expediente, es probable que la detuvieran y la expulsaran.
Todas las personas con diabetes tipo 1 necesitan un tratamiento sustitutivo con insulina para sobrevivir. Sin insulina, morirían por hiperglucemia en cuestión de días o semanas. Además, con el tiempo, incluso los episodios breves de hiperglucemia pueden provocar complicaciones microvasculares graves, como enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, daño nervioso y otras.
El temor de María es que, si la detienen o la deportan, no tendrá acceso a la insulina ni podrá controlar su dieta.
Esto la lleva a plantearse un retorno voluntario a su país natal, Honduras, del que partió hace casi 20 años. Y no hay garantías de que vaya a tener fácil acceso al tratamiento que necesita para sobrevivir.
Un retorno voluntario implicaría dejar atrás a sus tres hijos. Los dos más pequeños son ciudadanos estadounidenses, y el mayor tiene la tarjeta verde, es decir, la residencia permanente legal. Cuando uno de los ciudadanos estadounidenses cumpla 21 años, podrá solicitar que se le conceda la tarjeta verde a su madre.
Pero quedarse supone un riesgo en estos tiempos de incertidumbre. Y en el caso de María, un riesgo que puede tener consecuencias de vida o muerte.
Sue Smith is a Cooperative Baptist Fellowship field personnel. Learn more about her ministry here.